Uno de los habituales lamentos de
los usuarios del sexo de pago, es la tarifa de los servicios contratados. Siempre parece elevada. Obvio es, que tanto
el que oferta cómo el que contrata el servicio, tienen pleno derecho a fijar y
aceptar respectivamente el precio que les
parezca conveniente. La profesional
estima el montante a cobrar y el usuario lo paga en caso de haber
acuerdo. Si no lo hay, cada uno por su lado y santas pascuas.
Si echamos la cuenta de la vieja,
100, 120,150 o 200 euros a la hora es una cantidad nada despreciable. A la hora
de fijar dicho número, se tienen en cuenta muchos factores. Algunos pueden ser
más o menos objetivos. Por ejemplo: la cantidad
de servicios a incluir, si se dispone de sitio o de si este corre por
cuenta del cliente, etc. Otros son del todo subjetivos y forman parte del
ámbito interno de la profesional. Aquí podríamos hablar de asumir ciertos
riesgos. No sólo los relacionados con enfermedades o la integridad física, sino
otros de índole diferente. Relacionados tanto con el entorno íntimo de la profesional o incluso con la exclusión social.
En el último tramo del año 2015
lo he presenciado, en la distancia, en dos ocasiones.
